El 1 de febrero de 2021, los militares derrocaron al gobierno civil de transición y tomaron el poder. Desde entonces, más de 1.500 personas han muerto en las protestas, 12.000 han sido detenidas y se han generado mas de 400.000 desplazadas. Hoy en día, se siguen formulando acusaciones contra la líder detenida, Aung Sang Suu Kyi, mientras Occidente prepara nuevas sanciones.

Durante el día de hoy se insta a los ciudadanos a permanecer en casa, mientras que se pide a los comerciantes que bajen sus persianas de 10 a 16 horas. Se trata de la «huelga silenciosa» -la tercera después del pasado mes de marzo y del día de los derechos humanos en diciembre- convocada hoy en Myanmar en señal de protesta un año después del golpe militar que arrastró al país a la guerra civil y a una crisis social de la que no se ve el final.

Hoy, las fuerzas de seguridad han detenido a al menos 58 personas en todo el país en un intento de frenar la organización de la disidencia, principalmente por publicaciones en Facebook en las que se anunciaba el cierre de comercios. Con una ley de ciberseguridad ya en marcha, que en las próximas semanas pretende controlar todas las formas de comunicación electrónica, el acceso a los datos y el bloqueo de los servicios de VPN que permiten superar los bloqueos ya establecidos, la vigilancia digital es sólo la última de las medidas represivas del ejército contra la población desde el 1 de febrero pasado.

Cerca de 1.500 personas han sido asesinadas por el ejército desde que comenzaron las protestas. Casi 12.000 personas han sido detenidas, según los activistas de la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP) de Mae Sot. Dos periodistas murieron, otros fueron torturados en la cárcel. Más de 400.000 personas han sido desplazadas, especialmente en los pueblos arrasados por los enfrentamientos entre el Tatmadaw (Ejército Birmano) y las milicias étnicas locales, y 32.000 personas han conseguido refugio en los países vecinos.

Sin embargo, miles de personas han tomado las armas y se han unido a las Fuerzas de Defensa del Pueblo, el brazo armado del «Gobierno de Unidad Internacional», formado por miembros de la Liga Nacional para la Democracia de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi y las milicias étnicas que durante décadas lucharon contra los militares antes del periodo de transición, que terminó con el golpe de Estado de febrero. Una administración paralela que el pasado mes de septiembre declaró una «guerra defensiva» contra el ejército, en una tensión constante en la que a menudo los civiles pagan el precio, como en el caso de la masacre de las pasadas Navidades, cuando 38 personas, entre ellas mujeres, niños y dos trabajadores de la ONG Save The Children, murieron quemados en tres vehículos incendiados por los soldados.

La misma Aung San Suu Kyi, que había triunfado con su partido en las elecciones dos meses antes del golpe y se disponía a dirigir el país durante otro mandato de cinco años, ha sido acusada de nuevo, esta vez por presionar a la comisión electoral durante las elecciones de 2020. Bajo arresto domiciliario desde el golpe de Estado, la Premio Nobel de la Paz ya ha sido acusada de una docena de delitos, que van desde la incitación a la violación de las normas anti-covid hasta la posesión ilegal de walkie-talkies. Ya ha sido condenada a seis años de prisión y se enfrenta a más de 100 años si es declarada culpable de cada una de las acusaciones.

Mientras tanto, en el ámbito internacional, la gran mayoría de los Estados han condenado el golpe de Estado y se están estudiando nuevas sanciones contra el régimen, que además posee la mayor parte del aparato económico y productivo de Myanmar. Estados Unidos ha anunciado medidas contra los dirigentes del poder judicial, bloqueando sus bienes económicos y prohibiendo todo negocio con ciudadanos estadounidenses. También han tomado medidas similares el Reino Unido y Canadá, mientras que la Unión Europea, dijo estar «profundamente preocupada» por la «continua escalada de violencia» en el país, y está dispuesta a adoptar más medidas restrictivas.  La UE también «condena enérgicamente las graves violaciones de los derechos humanos, como la tortura, la violencia sexual y de género, la continua persecución de la sociedad civil, de los defensores de los derechos humanos y de los periodistas, y los ataques a la población civil, incluidas las minorías étnicas, por parte de las fuerzas armadas birmanas”.

Dada la grave situación en el país, muchas de las familias se están viendo obligadas a dejar sus hogares, y están llegando a Tailandia y en busca de una vida mejor.

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